Contexto y justificación

Ubicado en el interfaz de la academia y el activismo, el debate sobre la industria extractiva y el desarrollo ha generado una cantidad amplia de términos llamativos: “la maldición de los recursos” (resource curse), “la enfermedad holandesa” (Dutch disease) y “avaricie y discordia” (greed and grievance). Aunque tienen resonancia política, estos términos están sujetos a mucho debate. Mientras unos (Collier y Hoeffler, 2005: 635) hablan de “la bien documentada ‘maldición de los recursos’” –la tesis que afirma que la abundancia de recursos naturales genera una serie de distorsiones económicas y políticas las cuales eventualmente socavan a las contribuciones de la industria extractiva al desarrollo–, otros argumentan que la evidencia de dicha maldición es básicamente un artefacto de la selección de indicadores (Brunnschweiler y Bulte, 2008). Por su parte, la industria extractiva busca cambiar los términos del debate y así hablar de las “bondades de la naturaleza” (resource endowments) en vez de “maldiciones” (ICMM, 2006) argumentando que si bien es cierto la extracción ha sido asociada con resultados económicos y políticos deficientes, esto se debe a las instituciones políticas existentes y no por la extracción per se (Davis y Tilton, 2002; Humphreys et al., 2007). Cómo se resuelven estos desacuerdos es importante tanto en términos políticos como de políticas ya que las diferentes posiciones nos llevarán a distintas propuestas para encaminar la formulación de política y las estrategias políticas.

Estos debates son de vital importancia para los países Andino-Amazónicos ya que cada uno tiene una larga historia de dependencia de los recursos naturales. En cada país en los últimos 10 a 15 años, la industria extractiva se ha vuelto -de forma creciente- central en las estrategias nacionales de desarrollo. Se ve en el incremento exponencial en las inversiones en minería e hidrocarburos en el Perú, en el crecimiento rápido en las inversiones en hidrocarburos en Bolivia, y en las discusiones, cada vez más prominentes, sobre la expansión minera en el Ecuador y Colombia así como también en las disputas muy públicas y políticas que hay en el Ecuador sobre la expansión de hidrocarburos en Yasuní. En cierto sentido, estos compromisos de política a favor de la extracción reflejan una creencia política y tecnocrática de que la maldición de los recursos no existe y/o que puede ser evitada (c.f. Humphreys et al., 2007). Otros actores sociales, sin embargo, parecen mucho menos convencidos de esta,  y otros aún, menos preocupados por la existencia o no de la maldición de los recursos naturales, agitan, hacen incidencia y protestan para incrementar su cuota de cualquier beneficio que la extracción pudiera entregarles (y de esta forma paradójicamente actúan para hacer real la maldición de los recursos naturales: Arellano-Anguas, 2010). Estas disputas y luchas sobre la economía extractiva han alimentado mayor conflicto social, que cada vez es más polarizado, recurrente y violento. Este es, tal vez, mas aparente en el caso del Perú donde informes periódicos emitidos por la Oficina de la Defensoría del Pueblo siguen concluyendo que los conflictos socio ambientales relacionados a la expansión de la industria extractiva se han vuelto la fuente principal del conflicto social en el país. Sin embargo esto es también aparente en Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, tanto como en Centro América. En Bolivia, el año 2009, se experimentaron nuevas tensiones entre el estado y grupos indígenas en las regiones del Chaco y el norte amazónico acerca de la propuesta expansión de las operaciones hidrocarburíferas en el primer instante y la iniciación de operaciones exploratorias en el segundo (Bebbington y Humphreys Bebbington 2010). En el Ecuador, las discrepancias dentro del gobierno actual y entre éste y las organizaciones de la sociedad civil han desencadenado una serie de renuncias ministeriales, defecciones de la alianza del partido mayoritario, y una creciente tendencia hacia mayor confrontación (y hasta se podría afirmar) comportamientos mas autoritarios por parte de los que gobiernan (INREDH 2010).

Bajo tales circunstancias, la economía política de extracción se ha vuelto central al debate público y político en la región Andino-Amazónica, figurando prominentemente en las recientes elecciones presidenciales en el Perú, Ecuador y Bolivia. El hecho que cada país ha hecho de la extracción el pilar central de su estrategia de desarrollo nacional, que dicha política ha llevado a niveles significantes de tensión política y conflicto, y que los académicos importantes, tales como Paul Collier, consideran que la maldición de los recursos naturales es bien “documentada” significan que el como escapar de, o por lo menos el como minimizar los efectos de esta maldición de recursos naturales, es un desafío vital en la región. Esta es la preocupación que subyace el trabajo propuesto aquí, que propone un particular enfoque en el nivel subnacional y en entender cómo los conflictos alrededor de la extracción pueden ser transformados en fenómenos políticamente productivos. En este sentido reconocemos el argumento que plantea que ya no debe haber lugar para la extracción minera e hidrocarburífera en el modelo de desarrollo en la región; sin embargo este proyecto pregunta si es posible, y bajo cuales circunstancias institucionales y socio políticas, pudiera existir la actividad extractiva en modelos de desarrollo que no son dominados por una lógica extractivista (c.f. Gudynas, 2010).